EL CECOVA DENUNCIA QUE EL CONVENIO COLECTIVO DE RESIDENCIAS ES INACEPTABLE, INSULTANTE Y ANACRÓNICO CON LA ENFERMERÍA

El Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha denunciado, a través de un comunicado, los numerosos despropósitos que han plagado la Resolución de 4 de marzo de 2020, de la Subdirección General de Relaciones Laborales, por la que se disponen el registro y la publicación del texto del convenio colectivo de trabajo para el sector privado de residencias para la tercera edad, servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, en la Comunitat Valenciana, (Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo), publicada ayer en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

El CECOVA considera que se trata de una normativa que resulta inaceptable por lo insultante, anacrónica y alejada de la realidad en cuanto a su contenido y los conceptos que utiliza con respecto a la profesión enfermera y que demuestra un desconocimiento del sector que adquiere mayores tintes de gravedad si tenemos en cuenta la dramática situación por la que atraviesan estos centros residenciales durante la actual crisis sanitaria.

Graves errores conceptuales

El ente autonómico critica que se hable de centros de tercera edad en vez de centros residenciales y señala el hecho de que se haya tenido la infeliz y desgraciada ocurrencia de utilizar la palabra “practicante” para referirse a las enfermeras. algo que debería avergonzar a quien ha llevado a cabo la redacción del documento, que también ha usado términos desfasados y anacrónicos como ATS/DUE.

Además, desde el CECOVA, se considera que con los recientes antecedentes de incidencia de la pandemia en los centros residenciales se debería haber sido más escrupuloso y mostrar una mayor profesionalidad a la hora de dar forma a un documento que viene a regular aspectos tan importantes de estos centros, que no dejan de ser centros sanitarios, en los que se prestan cuidados a pacientes crónicos y complejos. Además, resulta del todo punto incomprensible que esta norma esté suscrita por sindicatos como CC OO y UGT.

Asimismo, desde el CECOVA se quiere denunciar el agravio comparativo que sigue sufriendo la profesión enfermera al ser considerada como grupo B cuando otras profesiones con los mismos años de estudios universitarios y carga lectiva están en el grupo A. Agravio comparativo en cuanto a consideración profesional y en cuanto a retribución, existiendo una notable diferencia entre ambos grupos.

Considerar adecuadamente a las enfermeras

Por ello, desde el CECOVA se solicita una rectificación a los responsables de este documento en la que, además, no se contemple únicamente la función técnica de nuestra profesión, sino también todas aquellas otras que hacen que seamos los profesionales del cuidado, de la prevención de la enfermedad y de la promoción de la salud. A todo lo dicho, CECOVA une que considera que estos centros residenciales deben estar dirigidos por enfermeras, que son quienes mejor conocen y pueden dar respuesta a las personas que se atiende en ellos y no por profesiones ajenas al ámbito sanitario.

El CECOVA considera necesario también que se realice una auditoría para conocer la situación real de las residencias y que en base a ello se tomen las medidas necesarias contando con un mayor protagonismo de las enfermeras. Una mayor presencia y protagonismo de enfermeras cumpliendo y desarrollando nuestras funciones en este tipo de centros hubiera hecho posible que la dramática incidencia de muertos y contagiados en los mismos hubiese sido muchísimo menor.

No hay que olvidar que en la Comunidad Valenciana han fallecido más de 500 personas por el COVID-19 en residencias, lo que representa un 37% del total de muertes en la región. Y eso sin olvidar que a día de hoy todavía hay casos positivos en 93 centros, donde 2.359 residentes y casi 800 trabajadores se han contagiado, estando todavía bajo control sanitario 28 residencias.

La situación en España ha llegado a ser tan grave que la Fiscalía General del Estado ha llegado a abrir 185 diligencias civiles y 140 penales. Unos hechos que demuestran el alcance y gravedad de una situación que estamos seguros que no lo hubiera sido tanto de haberse contado con enfermeras en la medida que se indicaba con anterioridad.

Además, el ente considera que la terrible experiencia que se está padeciendo debe servir para que las medidas no se retrasen en el tiempo, ya que la posibilidad de un rebrote de los contagios es algo muy real y puede alcanzar una magnitud mucho mayor que la actual. CECOVA